La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de El Salvador para que restablezca los derechos suspendidos en marzo de 2022 debido a un régimen de excepción instalado por motivos de seguridad ciudadana. La medida ha resultado en más de 66,400 detenciones y al menos 5,082 denuncias de detenciones arbitrarias, según organizaciones humanitarias.
La CIDH instó al Estado a respetar los derechos humanos en la adopción de medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad. El organismo ha alertado que la suspensión indefinida de derechos y garantías es un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común. A pesar de ello, se han registrado 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses.
La CIDH ha expresado su preocupación por denuncias de abusos e irregularidades en detenciones y diligencias judiciales, así como por violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado a asegurar las garantías y protección judiciales, y el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
La Comisión reconoce los grandes retos que El Salvador enfrenta para combatir la violencia generada por pandillas y estructuras criminales. No obstante, el Estado debe asegurar que sus esfuerzos para controlar y prevenir la criminalidad se adecúen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y los principios del Estado de derecho.